1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la norma sobre prevención de riesgos laborales implica, a su litigio, un aventura llano e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas.

Las limitaciones a la autorización de contratar con la Administración por la comisión de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, se regirán por lo establecido en la Calidad 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado inicial se aguantarán a cabo con dichos representantes.

Es sostener que, son todos los peligros inherentes al ejercicio de una actividad o función laboral concreta, en un entorno o sitio de trabajo determinado (que puede ser tanto la empresa como el hogar, en el caso del Home Office).

Las entidades públicas o privadas que pretendan desarrollar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de las previstas en la Disposición transitoria tercera del Verdadero Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, deberán acreditar su capacidad mediante una enunciación responsable en presencia de la autoridad laboral competente sobre el cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente.

Estudiantes de instituciones que ofrezcan programas de formación en Seguridad y Salud en el trabajo.

En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se crea se configura como un utensilio privilegiado de Billete en la formulación y ampliación de la política en materia preventiva.

Tiene como objeto simplificar la gestión de los riesgos laborales a las empresas de hasta 25 trabajadores y proporcionar el cumplimiento en materia de coordinación de actividades empresariales e informar de sus riesgos a los trabajadores autónomos.

Gran parte de las empresas son conscientes de que no es suficiente poner en marcha un aplicación genérico de salud y seguridad que sea único para todos, es imprescindible que lleves a cabo una metodología efectiva y que seas consciente de los riesgos específicos que podrían afectar el funcionamiento de tu empresa.

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán decidir con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Para fundamentar la existencia de las razones protegidas, Raz acude a múltiples ejemplos que coinciden parcialmente con las razones independientes del contenido, los problemas de coordinación y las reglas de experiencia mencionadas en la sección previa. En su opinión, las normas jurídicas se comportan allí como razones protegidas y no como razones que requieran ser ponderadas en un proceso de deliberación praxis.30 Según Raz, si queremos nutrir la idea según la cual los sistemas jurídicos ejercen autoridad legítima sobre sus destinatarios es necesario asumir que las normas jurídicas se comportan como razones excluyentes: de lo contrario, los agentes tendrían siempre la autorización de actuar conforme a su propio proceso.

4 Una exposición más detallada y compleja que la que presento aquí puede encontrarse en Redondo, 1999, pp. 100 y ss. La autora analiza las relaciones que existen entre el deber forense y las razones para la energía con colchoneta en diferentes supuestos teóricos: el internalismo y el externalismo acerca de la naturaleza práctica de las oraciones de deber; el tipo de razones con el que se relacionan los deberes jurídicos (sean razones motivacionales o justificatorias); y el rol que cumple la bienvenida del agente en el carácter normativo de los enunciados de deber.

c) Cuando la falta de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso Figuraí lo exigieran acertado a las condiciones de trabajo detectadas.

Aunque los argumentos aquí expuestos no pretenden exponer íntegramente la relevancia praxis de las normas jurídicas, ni sugerir que ellas ejercen fuerza reglamento en todas las circunstancias a las cuales se aplican (pues aún sigue siendo posible que los agentes actúen en virtud de un "juicio de deber dependiente del contenido"), sí parecen demostrar que su seguimiento no resulta Productividad en ocasiones trivial ni irracional.